La amonestación escrita en el régimen disciplinario del sector público vulnera las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica
The written reprimand in the disciplinary regime of the public sector violates the guarantees of due process and legal certainty
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4424Palabras clave:
amonestación escrita, régimen disciplinario, sector público, debido proceso, seguridad jurídicaResumen
Esta investigación examina cómo la amonestación escrita en el régimen disciplinario del sector público ecuatoriano vulnera las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica debido a inconsistencias normativas críticas entre el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece "un mes calendario" para imponer amonestaciones escritas tras dos o más amonestaciones verbales, y el artículo 83 del Reglamento, que extiende este período a "un año calendario". Mediante metodología mixta con encuestas a 30 profesionales del derecho y servidores públicos, análisis del caso disciplinario No. 001-2021 de la Dirección Nacional de Registros Públicos, y revisión documental comparativa regional, se evidenció que estas inconsistencias generan arbitrariedad administrativa sistémica que compromete los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Los resultados demuestran que el 83% de participantes considera que la incoherencia normativa compromete la seguridad jurídica, mientras el 70% percibe aplicaciones arbitrarias de amonestación escrita, y el caso analizado reveló múltiples vulneraciones al debido proceso incluyendo ausencia de base legal, incompetencia del órgano decisor y motivación deficiente. La investigación concluye que el régimen disciplinario actual del sector público presenta deficiencias estructurales que requieren reforma integral para armonizar la normativa entre ley y reglamento, establecer criterios objetivos para valoración de faltas, fortalecer garantías procesales e implementar mecanismos independientes de supervisión que aseguren aplicación uniforme del sistema disciplinario, protegiendo derechos fundamentales mientras se mantiene la capacidad estatal de control efectivo sobre la función pública ecuatoriana.
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