Responsabilidad administrativa de servidores públicos en contratación pública ante irregularidades en la selección del contratista

Administrative responsibility of public servants in public procurement for irregularities in the selection of the contractor

Resumen

El artículo “Responsabilidad administrativa de servidores públicos en contratación pública ante irregularidades en la selección del contratista” persiguió la exploración del ámbito jurídico de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación pública cuando acontece la infiltración de irregularidades susceptibles de comprometer la legalidad del acto de adjudicación. Metodológicamente, la investigación fue llevada a cabo bajo un enfoque cualitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo-analítico, basado en la revisión bibliográfica y documental sistemática, siguiendo los pasos de la metodología PRISMA. La búsqueda fue realizada en Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar y Scopus, así como también en la normativa panameña y en estudios comparados de América Latina, limitados a las publicaciones desde el 2021 a 2026, priorizando las fuentes en español, con el acceso abierto completo, con pertinencia jurídica, y un respaldo académico suficiente. Entre los hallazgos de mayor relevancia se ubicó que la responsabilidad administrativa en materia de contratación pública no ocurre en solitario, sino que es generada por el incumplimiento de los principios jurídicos que son expresamente reconocidos en la Ley 22 de 2006, ordenada por la Ley 153 de 2020, la Ley 38 de 2000, la Ley 6 de 2002 y el Decreto Ejecutivo 246 de 2004, especialmente transparencia, publicidad, legalidad, probidad, eficiencia y debido proceso. Como conclusión relevante fue el de considerar que la responsabilidad administrativa tiene que ser entendidas como un mecanismo preventivo y inmediato de control funcional, cuyo objetivo es la tutela de la legalidad de la adjudicación, la objetividad del procedimiento y la confianza del público, antes de que las irregularidades se planten en responsabilidades patrimoniales o penales.