La Emergencia climática y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de la Opinión Consultiva OC-32/2025
The climate emergency and the Inter-American Human Rights System in Light of Advisory Opinion OC-32/2025
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5764Palabras clave:
emergencia climática, derechos humanos, sistema interamericano, justicia climáticaResumen
El presente estudio analiza los alcances jurídicos de la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la emergencia climática dentro del sistema interamericano. Se parte de la premisa de que dicha Opinión introduce un cambio paradigmático al reconocer que la crisis climática no constituye únicamente un problema ambiental, sino un fenómeno jurídico que impacta de manera directa la vigencia de los derechos humanos. A partir de un enfoque cualitativo y documental, se examinan las principales categorías normativas desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], destacando tres ejes fundamentales: las obligaciones reforzadas de los Estados en materia de prevención, mitigación y adaptación; la incorporación del principio de igualdad y no discriminación frente a los impactos diferenciados del cambio climático; y la consolidación de una perspectiva intergeneracional que amplía el alcance temporal de la responsabilidad estatal. Los resultados evidencian que la Opinión Consultiva redefine el estándar de debida diligencia estatal, desplazándolo hacia una lógica preventiva y estructural, en la que la inacción o insuficiencia de medidas puede generar responsabilidad internacional. Asimismo, se identifica una integración progresiva entre el derecho internacional ambiental y el derecho internacional de los derechos humanos, en la que la protección del medio ambiente se configura como condición indispensable para la garantía de la dignidad humana. En conclusión, la OC-32/2025 establece un marco interpretativo que transforma la respuesta jurídica frente a la crisis climática, posicionándola como una exigencia de justicia, igualdad y responsabilidad estatal en contextos de riesgo global.
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